La inacción sistemática de los órganos ministeriales y judiciales mexiquenses, el estancamiento de las carpetas de investigación durante meses o años y la liberación de personas sentenciadas por feminicidio son algunas de las demandas que colectivas y familiares de la zona oriente del Estado de México sostienen ante diversos casos de violencia contra mujeres.
La ejecución inmediata de órdenes de aprehensión congeladas desde hace meses, el cese a la liberación de personas sentenciadas por feminicidio y la incorporación efectiva de las familias en las carpetas de investigación son exigencias que siguen pendientes debido a la negligencia e impunidad de la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial mexiquense. Lo anterior en expedientes que acumulan hasta una década de dilaciones burocráticas.
Las sobrevivientes y víctimas indirectas pidieron, durante un bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza la mañana de este lunes, que las instituciones sustituyan las mesas de diálogo sin resultados operativos por detenciones efectivas de agresores ubicados, además de frenar la interferencia política y económica en resoluciones absolutorias en tribunales de alzada.
Una de las exigencias, que las investigaciones ministeriales se conduzcan con perspectiva de género. Foto: Cuartoscuro
Además, exigen la emisión urgente de boletines de recompensa para capturar a los responsables de muertes violentas, la eliminación del plazo ministerial de 48 horas para iniciar la búsqueda de mujeres desaparecidas y la erradicación del cobro indebido de peritajes o servicios forenses a las familias.
Por otro lado, demandan que las investigaciones ministeriales se conduzcan con perspectiva de género y debida diligencia, que se otorguen medidas de protección integrales a sobrevivientes y activistas, y que se garantice el acceso directo a los expedientes.
Las familias de víctimas de feminicidio y personas desaparecidas, acompañadas por colectivas, bloquearon la circulación vehicular en Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación del Metro Tepalcates, en los límites con la Ciudad de México, con el fin de visibilizar esas demandas, comunes a municipios como Ixtapaluca, Chalco, Amecameca, Chicoloapan y Los Reyes La Paz.
Las participantes señalaron que la determinación de cerrar la vialidad responde a la falta recurrente de comunicación con los agentes del Ministerio Público y con los elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
En entrevista telefónica, la activista Carmen Sánchez, defensora de derechos humanos y sobreviviente de tentativa de feminicidio, detalla que en diversas investigaciones las autoridades han sostenido durante más de un año que las órdenes de captura están a punto de concretarse, sin que se hagan efectivas.
"Las familias no están pidiendo algo que sea imposible para las fiscalías; están pidiendo que ejecuten las órdenes de aprehensión que les han dicho que ya están, así con las palabras de 'estamos a nada de ejecutar las órdenes'", reprocha.
Además, cuestiona que las instituciones impidan la intervención activa de las víctimas indirectas en los expedientes: "No están permitiendo que las familias se involucren en estas investigaciones. Las familias tienen, primero, su derecho, y en segundo, ellas tienen muchísima información para robustecer esas carpetas de investigación".
Uno de los principales reclamos que motivaron la protesta fue la revocación de sentencias condenatorias por parte del Poder Judicial del Estado de México. Las manifestantes citaron resoluciones emitidas por tribunales de alzada que han otorgado la libertad absoluta a personas que ya contaban con fallos condenatorios de hasta 62 y 103 años de prisión.
Entre estos expedientes se expuso el caso de Maria Enedelia García, asesinada en 2023 en el municipio de Ixtapaluca. Su hija, Paola, sobreviviente de tentativa de homicidio y privación ilegal de la libertad, detalló las irregularidades suscitadas tras el juicio oral:
"Se tomó una sentencia de 62 años con las pruebas suficientes de la responsabilidad de Kevin en el feminicidio de mi mamá Enedelia, y dos meses después es que el Tribunal de Alzada de Texcoco le otorga la liberación absoluta, según esto a falta de pruebas.
Un integrante de la fiscalía recibió un pliego petitorio de los colectivos feministas y de desaparecidos que bloquearon la calzada Ignacio Zaragoza. Foto: Cuartoscuro
"Ellos hacen uso de la violencia institucional y la victimización hacia mi persona, señalando que yo no tenía conductas estereotípicas de una víctima, que mi dicho no era suficiente, que yo lo había inventado todo, según ellos, y le otorgan una libertad haciendo una réplica exacta de los argumentos de la defensa de Kevin", apuntó.
Sánchez precisó en entrevista que en ese caso particular, se dejó de lado la posible intervención política, porque el antes sentenciado es hijo de un personaje político de Ixtapaluca que busca la presidencia municipal. Sin embargo, se dejó de contemplar el poder político y económico que pudo interferir en el proceso, así como el hostigamiento a la familia y personas cercanas al caso.
Paola relató que, ante esas irregularidades, se promovió un juicio de amparo y demandaron que el caso sea atraído por el Poder Judicial de la Federación, al tiempo que denunció que a las personas acompañantes y a miembros de su familia no consanguínea se les negaron medidas cautelares de protección.
Carmen Sánchez también hizo referencia a ese patrón judicial mediante el caso de Jimena Sarahí, una adolescente de 14 años asesinada por tres personas en la colonia Jiménez Cantú, en Ixtapaluca. En noviembre de 2024 sus feminicidas recibieron una condena de 103 años de cárcel, pero fueron liberados en enero de 2025 tras determinaciones judiciales.
"No podemos permitir que esto siga ocurriendo, porque mientras ellos dejan en libertad a feminicidas o no los detienen, a las mujeres nos las siguen arrebatando. Por eso es que hoy de manera colectiva se solicitaron respuestas inmediatas, respuestas verificables de parte de los ministerios públicos y la policía de investigación", reclama la activista.
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Otro caso expuesto durante la protesta fue el de Sharoon Valery, asesinada el 1 de junio de 2026 en su vivienda en la Unidad Habitacional de Geovillas de Jesús María, en el municipio de Ixtapaluca. Su mamá, Karla Georgina Ontiveros, relató las condiciones de violencia con las que se perpetró el crimen y las omisiones cometidas por las corporaciones de seguridad desde las primeras diligencias.
"A mi hija la sometieron, la amagaron, la amarraron y la golpearon hasta quitarle la vida. Todos oyeron, todos vieron, pero nadie ha ido a declarar para señalar a los asesinos. Han pasado ya tres meses, donde estoy en la búsqueda de la justicia junto con mis abogadas y no hay ningún detenido. Desde el primer momento que mi hija fue asesinada sufrió la violencia institucional por parte de la policía de Ixtapaluca, porque no resguardó la escena del crimen", reclamó.
"Estoy aquí para pedir que se haga justicia, para que se investigue minuciosamente a cada uno de los feminicidas, y para que el gobierno de Ixtapaluca sea detenido ya, porque ya estamos hartos, no es la primer mujer asesinada", exigió.
El retraso en el inicio de las investigaciones también fue señalado, como recurrente, en los casos de desaparición de personas. La madre de la joven María de los Ángeles, desaparecida en agosto de 2023 en el municipio de Amecameca, criticó la persistencia de prácticas burocráticas que postergan las primeras diligencias.
Por su parte, la madre de Martita Tello, asesinada hace una década cuando tenía 17 años, relató una década de dilaciones e impunidad en los órganos de procuración de justicia. Acusó que a su hija no se le dio la importancia merecida siendo una menor de edad y no se le dio continuidad a la carpeta. La consecuencia, remarcó, han sido 10 años de total impunidad, en los que nunca se encontró a sus asesinos.
En noviembre de 2025, familiares y amigos de personas desaparecidas en el Estado de México bloquearon la carretera Toluca México para exigir que la FGJEM trabaje en sus casos y dejen de archivar carpetas. Foto: Cuartoscuro
"Siempre es lo mismo. Yo todas las veces voy a Toluca, voy a todas las fiscalías que me corresponden, a Barrientos, que me queda a cuatro horas de mi domicilio, y desgraciadamente nada más recibo la misma respuesta de siempre, que están trabajando", señaló.
En los pronunciamientos colectivos también se recordó el caso de Lulú, víctima de feminicidio el 7 de febrero de 2019 en Ixtapaluca, cuyo cuerpo fue hallado en las aguas negras del canal de San Isidro. Integrantes de las organizaciones civiles señalaron que la madre de la víctima, quien asumió el cuidado de cuatro menores en situación de orfandad, no pudo acudir al acto debido a padecimientos crónicos derivados del desgaste del proceso y la falta de apoyos integrales.
En entrevista, Dulce, de la colectiva Feminismo Zona Oriente Volcanes, remarca que las carpetas de investigación llevan años paradas sin que se les dé el seguimiento necesario, además de que no se llevan a cabo los acuerdos de las mesas de diálogo con las familias.
Además, apunta, en torno a los casos ocurridos en Ixtapaluca, ni siquiera es posible protestar en el municipio, por los vínculos políticos, por lo que para ganar visibilidad trasladaron las exigencias a la Ciudad de México. Destaca que en el caso de Enedelia, su familia sigue corriendo peligro.
"En conjunto, estamos pidiendo que por favor en estos casos que ya pusimos sobre la mesa, se dé ese avance que se necesita. Por ejemplo, en el de Enedelia, que se vuelva a atraer el caso, que se le dé castigo al feminicida; en el de Sharoon que muestren avances, que se les pueda presentar ante la justicia, y en el caso de Itzel, que es en Atlautla, que se le dé la pena máxima al feminicida porque se han pospuesto las audiencias", señala.
Al bloqueo en la calzada Ignacio Zaragoza acudió un funcionario de la fiscalía mexiquense que se identificó únicamente como Alejandro Cruz, a quien se le solicitó elaborar un acuerdo y que se firmaran las peticiones de las familias de que las carpetas pasen al fuero federal, pero rechazó firmar todas sus exigencias. Además, insistió en hablar por separado con las familias para que las otras víctimas y las activistas no escucharan.
Dulce subraya que la mayoría de las familias han vivido revictimización al no ser atendidas por primeras instancias de forma humana, y no recibir apoyo. "Siempre se cuestiona el porqué ha pasado eso con sus hijas, se les trata de una forma violenta, no se les da esa atención por parte de las fiscalías de tener un acercamiento con ellas para poderles brindar seguridad… no se les brinda atención jurídica con perspectiva de género", añade.
Por otro lado, el acompañamiento de la comisión de víctimas estatal se da en los mismos términos que la fiscalía, de forma revictimizante e inhumana. A la mayoría no se les trata con respeto, además de que a las víctimas de orfandad no se les da el debido seguimiento económico y psicológico, y cuanto más precaria es su situación, menos atención reciben.
"Lo que nosotras solicitábamos no son mesas de trabajo; se necesitan acciones reales ya, porque las familias ponen todo de su parte, las familias saben quiénes son los feminicidas de sus hijas, ellas dan nombre, ubicación y simplemente les dicen que no hay personal que abarque todo el Estado de México", reclama Sánchez.
Incluso en su propio caso, apenas está por ocurrir la audiencia de ejecución de su agresor, Efrén G., luego de 12 años de ocurrido el ataque con ácido que vivió. "Hablar de la justicia implica muchísimas otras acciones que le corresponden al Estado mexicano, y creo que jamás obtendremos justicia", lamenta.
Tanto Dulce como Carmen adelantaron que mantendrán las movilizaciones y bloqueos en caso de que la fiscalía y el Poder Judicial mexiquense no ejecuten las órdenes de aprehensión vigentes, omitan la publicación de los boletines de recompensa y continúen revocando condenas en los tribunales de la entidad.