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Seis museos de arte moderno de Colombia rechazaron el retiro de obras y objetos del Museo Nacional por razones ideológicas y pidieron al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes garantizar la autonomía de estas instituciones para construir y revisar sus relatos históricos.
En una declaración conjunta dirigida a la ciudadanía y a la ministra de Cultura, las instituciones advirtieron que retirar piezas de la mirada pública empobrece la comprensión dela historia del país y limita la posibilidad de reconocer las experiencias, luchas y vidas que hacen parte de la memoria colectiva.
El pronunciamiento fue firmado por el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Rayo, de Roldanillo, y el Museo de Arte Moderno del Tolima.
https://x.com/MAMMedellin/status/2111610461032493484
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La declaración se suma a la controversia generada por el retiro de al menos 30 piezas, entre carteles, fotografías y objetos, de tres salas del segundo piso del Museo Nacional de Colombia.
Las piezas estaban relacionadas con movimientos LGBTI y feministas, víctimas de la violencia política contra la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz de 2016.
El retiro se produjo el jueves 15 de octubre, el mismo día en que el presidente Abelardo de la Espriella visitó el Ministerio de Cultura y anunció una campaña contra lo que calificó como "wokismo". Durante esa visita, el mandatario pidió retirar de espacios públicos representaciones que, a su juicio, exaltaran el terrorismo, y mencionó al excomandante del M-19 Carlos Pizarro.
https://x.com/_mambogota/status/2111605810518257968
En el documento, los museos sostuvieron que la función de estas instituciones no consiste en ofrecer una versión única del pasado, sino en permitir que distintas experiencias y perspectivas entren en diálogo, incluso cuando generan incomodidad o desacuerdos.
"Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás", señalaron las instituciones firmantes.
Los museos reconocieron que los relatos históricos y curatoriales son incompletos y deben revisarse. Sin embargo, defendieron que esos cambios deben sustentarse en investigaciones, argumentos profesionales y diálogo público, con participación de los equipos curatoriales y de las comunidades representadas en las piezas.
Por esa razón, solicitaron a la ministra de Cultura garantizar la autonomía de los museos y promover una revisión pública y sustentada de las decisiones adoptadas en el Museo Nacional, con participación de quienes estuvieron involucrados en la construcción de las exposiciones y de las personas cuyas experiencias están representadas en los objetos retirados.
La declaración también advirtió sobre los efectos de imponer una interpretación única de la historia. Para las instituciones, silenciar obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia, mientras que permitir que las diferencias se expresen y se relacionen contribuye a la paz, la reconciliación y la construcción de futuro.
Entre los elementos retirados de las salas se encontraban objetos y documentos vinculados con las luchas por los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres, así como con la memoria del conflicto armado y el proceso de paz.
Entre ellos figurabanuna bandera de la diversidad perteneciente a Elizabeth Castillo, un cartel de una marcha lésbica de 2006, una pieza de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos, una fotografía de una marcha por la ciudadanía inclusiva y un ejemplar de la publicación La Ventana Gay.
También fueron retirados carteles relacionados con los dirigentes de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, una pluma elaborada con una bala utilizada para firmar el Acuerdo de Paz y una papeleta de la Séptima Papeleta.
Algunas fotografías hacían parte del muro de diversidad de la exposición Memoria y Nación.
La controversia abrió un debate sobre los límites de la intervención gubernamental en los contenidos de los museos y el papel de estas instituciones en la representación de una historia marcada por conflictos, exclusiones y disputas políticas.
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La discusión también involucra el procedimiento para modificar las exposiciones: mientras los guiones curatoriales pueden actualizarse mediante investigación y deliberación, los museos firmantes consideran que las decisiones no deberían depender de las afinidades ideológicas del gobierno de turno.
Por ahora, las seis instituciones piden que el Ministerio de Cultura garantice la autonomía profesional y abra un proceso público de revisión de lo ocurrido. Su declaración plantea que el desafío no consiste en reemplazar una versión de la historia por otra, sino en ampliar las voces que pueden participar en su interpretación.
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